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Regulación del sector inmobiliario en Baleares: Un paso hacia la transparencia y la seguridad

Recientemente, el Parlament de les Illes Balears ha aprobado una regulación histórica en el sector inmobiliario, estableciendo requisitos para el ejercicio de la actividad de agente inmobiliario en la región y haciendo obligatorio su registro. Este hito llega en un momento crucial, en medio de una emergencia inmobiliaria que ha generado tensiones en el mercado de vivienda.

José Miguel Artieda Ferragut, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares y de la Asociación ApiBaleares, ha destacado la importancia de esta regulación. Desde hace tiempo, se ha insistido en la necesidad de establecer normativas para garantizar la protección de los consumidores y asegurar la profesionalidad en el sector. A pesar de la liberalización inicial en e l ejercicio de la profesión, la falta de regulación ha permitido la proliferación de intermediarios sin los conocimientos ni las obligaciones necesarias, lo que ha afectado tanto la reputación de la profesión como la confianza de los ciudadanos en el mercado inmobiliario.

La nueva regulación establece requisitos claros para ejercer como agente inmobiliario en Baleares. Los agentes inmobiliarios, en el ejercicio de su profesión en las Illes Balears, poseen una serie de derechos que les permiten desarrollar su actividad dentro del marco legal establecido. En primer lugar, tienen el derecho de ejercer su actividad libremente, siempre y cuando respeten las limitaciones impuestas por el ordenamiento jurídico vigente. Además, la Administración autonómica competente en materia de vivienda está obligada a informarles sobre las medidas y actuaciones relevantes que realice, así como sobre la posible adhesión voluntaria al arbitraje de consumo.

Otro derecho importante es la participación en los procedimientos de adopción de decisiones públicas que puedan afectarles, a través de los colegios, organizaciones representativas y sectoriales. Los agentes inmobiliarios también tienen derecho a mantener incluida su información sobre instalaciones, características y ofertas específicas en los catálogos, guías, directorios y sistemas informáticos de la administración autonómica competente en materia de vivienda.

Asimismo, tienen derecho a obtener el reconocimiento de la administración por el cumplimiento de los requisitos y obligaciones reglamentariamente establecidos, así como a ser inscritos en el Registro oficial de agentes inmobiliarios de las Illes Balears. A través de los colegios, organizaciones o asociaciones sectoriales e intersectoriales, los agentes pueden impulsar estudios e investigaciones, así como desarrollar y ejecutar programas de cooperación pública y privada de interés general para el sector inmobiliario. Finalmente, tienen derecho a inscribirse en el mencionado registro siempre que cumplan con las determinaciones establecidas.

En cuanto a sus obligaciones, los agentes inmobiliarios deben presentar ante la administración competente en materia de vivienda las declaraciones o comunicaciones necesarias y facilitar la información y documentación exigida para desarrollar su actividad, así como inscribirse en el Registro oficial. Deben mantener vigentes y actualizados los seguros de responsabilidad civil, las fianzas y otras garantías equivalentes requeridas por la normativa aplicable.

Es obligatorio para ellos exhibir en un lugar visible los distintivos acreditativos del cumplimiento de las obligaciones y requisitos para ejercer la actividad, junto con la inscripción en el Registro y otros distintivos de calidad, aforo y, en su caso, el distintivo de adhesión voluntaria al arbitraje de consumo. Deben ofrecer inmuebles que cumplan con la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears, y disponer de la información adecuada sobre los mismos.

Los agentes inmobiliarios están obligados a proporcionar a los usuarios de sus servicios toda la información recibida de la propiedad y de otras fuentes sobre los datos, características y condiciones relativas a la construcción, estado, servicios, instalaciones, adquisición, uso y pago de las viviendas u otros inmuebles incluidos en la oferta, promoción y publicidad. Asimismo, deben hacer públicos los precios finales completos de todos los servicios relativos a la intermediación inmobiliaria, incluidos los impuestos, y desglosar los incrementos o descuentos aplicables y los gastos adicionales repercutidos al usuario.

Además, deben suscribir con los usuarios una nota de encargo que contemple los términos de la contratación y proporcionar todos los documentos que acrediten dichos términos y los justificantes de pago. Es obligatorio expedir facturas detalladas de los servicios prestados, según los precios pactados o convenidos. También deben velar por la seguridad, tranquilidad y comodidad de los usuarios, garantizando un trato amable, cortés y respetuoso del personal empleado.

Los agentes inmobiliarios deben permitir el acceso libre y la permanencia de los usuarios de los servicios, sin más restricciones que las establecidas por la ley y las prescripciones específicas que regulen la actividad. Están obligados a tener a disposición de los usuarios las hojas de quejas y reclamaciones oficiales y facilitarlas conforme a lo previsto en la Ley 7/2014, de 23 de julio, de protección de las personas consumidoras y usuarias de las Illes Balears.

Esta regulación llega después de la decepción causada por la aprobación de la Ley 12/2023, que no abordó la regulación del sector inmobiliario de manera integral. Sin embargo, en Baleares, se ha logrado un consenso político para establecer una regulación y un registro obligatorio, que proporcionará seguridad, transparencia y profesionalidad en las operaciones inmobiliarias en la región.

En conclusión, la aprobación de esta regulación marca un paso importante hacia la protección de los consumidores y la mejora del sector inmobiliario en Baleares. La transparencia y la seguridad son fundamentales para fortalecer la confianza en el mercado de vivienda y garantizar operaciones justas y equitativas para todos los involucrados.

 

Javier Blas
Abogado, doctor en Derecho y socio de Illeslex Abogados

 

Paula Sureda Díez
Illeslex Abogdos

 

 

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